Black
card for chorizos.
Era el mes de Diciembre
del 2.013, cuando el “eldiario.es” comienza a recibir una serie
de correos electrónicos del Presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa;
todo ello por medio de fuentes derivadas del Partido X. Muchos de
esos correos llevan el encabezamiento de “confidencial”. Con la
publicación de algunos de esos correos, Bankia abre una
investigación interna; cuyo resultado fue puesto en conocimiento del
FROB y de ahí a la Fiscalía Anticorrupción; donde el Juez Fernando
AnDreu instruye el “caso Bankia”.
De aquí es donde
comienza a gestarse la salida a la luz pública de todos los gastos
de las tarjetas opacas que disfrutaron 82 miembros de Caja Madrid y
Bankia. Todos hemos recibido mucha información sobre este escándalo,
ya sea en la prensa escrita, en la radio, televisión, medios de
internet,... Nosotros vamos a tratar de explicar ciertas cosas, para
basar bien donde están las raíces de estos problemas.
1º) Desde hace
mucho tiempo, los consejos de administración de las Cajas de Ahorros
estaban colonizados por los grandes partidos políticos y sindicatos;
en el caso de Caja Madrid y Bankia, no fue una excepción, de los
miembros de su consejo de administración estaban repartidos de la
siguiente manera: 27 consejeros del PP, 15 del PSOE, 5 de IU y 11
sindicalistas (UGT y CC.OO). La inmensa mayoría de ellos sin
conocimientos, ni experiencia en finanzas, economía, gestión
empresarial,...
2º) Todos estos
consejeros tienen un buen sueldo, y una tarjeta a cuenta de la
entidad para gastos de representación. Pero, para garantizarse
lealtades dentro de la lucha política por el control de la caja; el
Sr. Miguel Blesa crea unas tarjetas “blacks” (opacas al control
de la entidad y de Hacienda); con ello todos los miembros del consejo
tienen un ingresos que están ocultos a Hacienda; realmente
es un sistema de compra de lealtades personales.
3º) Como no hay
control sobre este sistema retributivo en negro, la ausencia de
control hace que se vuelva corrupto. A un consejo de
administración se le paga para que controle, supervise y vigile a
los directivos de una entidad; pero si no hay conocimientos, ni
independencia profesional, ni sistemas de control, ni un mínimo de
integridad moral,... entonces no se controla nada, no dirigimos nada,
cerramos los ojos ante quien ofrece tan generoso estipendio
monetario. ¡¡¡Poderoso caballero es don Dinero!!!
¿Cómo es posible que 82
consejeros realizaran pagos de sus tarjetas al margen de la
contabilidad oficial de la Caja?. Los cargos de estas tarjetas se
camuflaban bajo apuntes contables “sui generis” y falsos, creados
con el fin de camuflar estos gastos; para ello se llevaba una
contabilidad paralela de estos gastos, bajo la dirección del Sr.
Sánchez Barcoj. Por lo tanto, siempre existió un ánimo de
engañar y de hacer una ocultación de esos importes. Todas
esas tarjetas tenían un tratamiento administrativo especial, tal
como está descrito en la circular 50/99, donde se dan las
instrucciones para camuflar la contabilidad en los registros
oficiales de la entidad.
Estas son nuestras
conclusiones:
1º) Estamos ante
un sistema de remuneración extraordinaria y no declarada ante la
Hacienda Pública. Sólo 4 de los 86 consejeros no hicieron
uso de las mismas; nadie de los que la usaron, nunca declararon jamás
nada a la Hacienda sobre esos ingresos extras a cuenta de la Caja.
Muy posiblemente, todos ellos fuesen instruidos al respecto, sobre
que los gastos de esas tarjetas eran opacos a la Hacienda Pública;
por lo tanto posiblemente estaríamos ante un figura de
conspiración para actuar de una manera delictiva.
2º) Con la circular
interna 50/99 se demuestra que se crea un sistema
informático y contable paralelo a la contabilidad oficial de la
Caja; para ocultar estas remuneraciones bajo epígrafes como “errores
informáticos”. Con ello se va saqueando lo fondos de la Caja
de una manera lenta, pero constante, sin usar violencia
contra las personas o cosas,... pero con el espíritu de
apropiarse de fondos ajenos, para fines lucrativos privados.
3º) No cabe alegar
ignorancia; pues el Sr. Estanislao Rodríguez-Ponga fue es-Secretario
de Estado de Hacienda en gobiernos del Sr. José María Aznar;
con lo cual debería ser un experto en materia fiscal y
tributaria,... el debería saber que estas remuneraciones eran
ilegales; este caballero tenía un sueldo de 67.000€ a cuenta de la
Caja, y anualmente hacía gastos con su tarjeta por un valor de
63.000€, los cuales no quedaban reflejados en la hoja de
liquidación del IRPF,... ¿¿Nunca se dio cuenta de este error??.
También está el ejemplo de la actuación del Sr. José Antonio
Moral Santín (IU), quien en 692 operaciones de cajero retiro
367.810€ (86% del total del uso de su tarjeta personal); ¿no habrá
un fin de evitar dejar rastros contables del uso de la misma?
4º) El intento de
varios ex-consejeros en delegar la responsabilidad penal,
administrativa y tributaria en la Caja es insostenible, por dos
razones muy simples. Los beneficiarios del expolio de la Caja
no pueden alegar que desconocían lo que hacian, y segundo, mucho más
clara, ellos mismos eran el gobierno de la Caja. ¿Qué
pretenden, delegar la responsabilidad de gobierno de la Caja en la
señora de la limpieza?
5º) Aceptamos que la
Hacienda Pública tiene el límite temporal de 4 años atrás para
exigir los impuestos correspondientes. Pero a nivel penal se puede y
debe exigir responsabilidad por la totalidad, pues se da la figura de
la apropiación indebida
señalada en el artículo 252º del Código Penal.
Pues los consejeros y altos directivos tiene la capacidad de gestión
y posesión del dinero ajeno, del cual disponen para sus usos
particulares y privativos, con lo cual en sus acciones hay un
carácter doloso y ánimo de lucro. Aunque devuelvan el dinero,
paguen los impuestos a la Hacienda Pública, la figura delictiva
sigue estando ahí.
El artículo 252º del
Código Penal, para la imposición de pena, remite al artículo 250º,
donde están las figuras agravadas, y aquí se podrían usar
los apartados 5º, 6º y 1º del citado artículo 250º, los cuales
están penados de 4 a 8 años de prisión y multa de 12 a 24 meses.
Además hay abundante doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo
en esta dirección.
Necesitamos con urgencia
que en España funcionen los sistemas de exigencia de
responsabilidades: sociales, políticas, administrativas y jurídicas.
Las dimisiones políticas y ceses tienen que ser más ágiles y
rápidos, no cabe demorarlos en el tiempo; pero no solo de los
directamente implicados, también de quienes los “apadrinaron” a
esos puestos.
Las
responsabilidades jurídicas por vía penal son imprescindibles,
necesitamos dar ejemplaridad,
lo cual implica una sanción penal, sin el beneficio del indulto
particular,... en caso contrario ciertas élites se seguirán
creyendo en su “derecho divino” a robar los dineros públicos.
También es necesaria una responsabilidad social, pero esta le
corresponde a cada ciudadano en particular, y una forma de
ejercitarla es el voto,... pues aún hay quien después de ser
robado, humillado, apaleado,... acude mansamente a dar su voto a
estos desalmados. ¿¿No quieres caldo??¡¡¡toma siete tazas!!!
Mirador do Monte Ancos, a 16
de Outubro do 2.014.
Francisco
Lorín Colorado.
Inspector subrogado de Hacienda, Delegación Territorial de Los
Infiernos (Murcia; España).
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