Fraude Fiscal y los ricos

CHANCHONADA  19º

Fraude fiscal perpetrado por los más ricos

El fraude fiscal es la acción que realiza el contribuyente cuando no paga los impuestos que debería pagar a Hacienda acorde a la legislación vigente. Un fontanero que emite una factura sin IVA está cometiendo fraude fiscal. También lo está cometiendo una gran empresa si declara a Hacienda menos beneficios de los que en realidad obtiene. ¡¡Hay muchas otras formas de evadir impuestos!!.

En todos los países se comete fraude fiscal, porque para el Estado es prácticamente imposible controlar todas las esferas de la economía (pensemos lo difícil que es descubrir si un fontanero ha emitido una factura con IVA o sin IVA a un cliente). Pero en algunos países se evaden más impuestos que en otros. Y España, según numerosas y diversas estimaciones, es uno de los países donde más fraude fiscal se comete. Según lo organización internacional “Tax Justice Network”; España ocupa el 10º lugar en el ranking mundial  de fraude fiscal en cantidad total.

Un informe del año 2.012 del Sindicato de Técnicos del Mº de Hacienda, el fraude fiscal español supone aproximadamente un 23% del PIB, mientras que la media de la Unión Europea ronda el 13%. Lo cual deja en un lugar muy preocupante al Estado español. Es evidente que el dinero que no recauda el Estado, es un dinero que no se puede dedicar a sanidad, educación, prestaciones sociales, obras públicas,… pero ese dinero el Estado lo debe pedir prestado para intentar mantener unos gastos que ya están presupuestados. Es decir, cuanto más fraude fiscal exista, menor será la capacidad del Estado para mantener (o aumentar) gasto público y mayor será la necesidad de aumentar la deuda pública.

Alguien podría pensar que en momentos de crisis es incluso sano que el Estado no agobie a los ciudadanos con la recaudación de impuestos, puesto que hay muchas personas pasándolo muy mal y si se les forzara a cumplir con las obligaciones tributarias terminarían por hundirse económicamente. Esto es cierto para muchas familias de renta baja, autónomos y pequeñas empresas que andan con la soga al cuello. Pero no para muchas familias de renta alta, o grandes empresas, que tienen recursos de sobra para cumplir con las obligaciones que la ley establece. Además, y esto no es ninguna sorpresa, quienes más impuestos evaden son precisamente estas grandes fortunas y grandes empresas.

El informe del año 2.012 del Sindicato de Técnicos del Mº de Hacienda, establece la siguiente tabla sobre los defraudadores al sistema fiscal:

Grandes empresas y grandes fortunas:   71,77%

Pequeñas y medianas empresas:   17,05%

Autónomos:   8,59%

Asalariados:  2,59%

Casi 3/4 partes del fraude fiscal total corresponden a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Luego ya tenemos dos motivos para combatir este tipo de fraude: por un lado las grandes fortunas y las grandes empresas son quienes más impuestos dejan de pagar, y por otro lado son precisamente quienes se pueden permitir el pago de los mismos en mejores condiciones. Perseguir el fraude de pequeños empresarios puede ser injusto y además ineficaz, pero no es así con el fraude de los peces gordos.

Sin embargo, y a pesar de lo razonable y lógica que resulta la conclusión a la que hemos llegado; ningún gobierno español ha mostrado interés en controlar y vigilar los impuestos que evaden estos agentes económicos. Y por la enorme distancia que separa lo enunciado por estos gobernantes de la realidad, estamos en condiciones plenas de afirmar que mienten intencionadamente.

1º) Para empezar, ni el Ministerio de Economía y Hacienda, ni la Agencia Tributaria tienen una cifra oficial del fraude fiscal español (y mucho menos de quienes lo cometen). Pero desde el año 2004 no se ha realizado ningún estudio oficial de este tipo, lo que demuestra el escaso interés de los sucesivos gobiernos por disminuir el fraude fiscal.

2º) Los recursos que han destinado los gobiernos a investigar el fraude fiscal español son notablemente escasos e insuficientes. En España hay un inspector por cada 1.680 contribuyentes, cinco veces inferior a Francia y Alemania. Esta escasez de recursos se debe a una cuestión política y no técnica. No tiene sentido argumentar que no hay dinero para contratar a más inspectores, ya que ese gasto inicial se vería sobradamente recompensado con los ingresos que se obtendrían por el hecho de combatir mejor la evasión de impuestos. Es decir, si no se destinan más recursos a la lucha del fraude es porque no hay interés, no porque no sea rentable.

3º) Cada vez se destinan menos presupuesto a combatir el fraude fiscal. El presupuesto asignado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria se reducirá en 2013 un 7,7% respecto al ejercicio anterior. Resulta muy curioso escuchar a los gobernantes decir que se esforzarán al máximo por combatir el fraude fiscal a la vez que retiran recursos y medios para combatirlo.

4º) El 18% de esa reducida plantilla de Inspectores de Hacienda se dedica a la investigación de fraudes en lo que respecta a las grandes empresas, en las cuales hemos visto que se producen la mayoría de las irregularidades. El resto de la plantilla, la inmensa mayoría (el 82%), investiga a autónomos, pequeñas empresas y trabajadores, que no suponen ni el 30% del fraude total. Una asignación que no parece muy coherente si lo que se busca es combatir el fraude y además combatirlo de la forma más eficaz posible.

5º) A los grandes defraudadores se les dan facilidades, que van desde aplazamientos en el pago que no tuvo lugar, hasta la simple condonación total de la sanción que deberían abonar (a menudo multimillonarias). Es decir, cuando el gran defraudador es pescado, se le concede tiempo para que pague lo que no pagó en su día y se le perdona la multa que debería pagar por haberse saltado la ley. Delinquir les sale gratis. Algo que jamás ocurre, por ejemplo, cuando un ciudadano medio es descubierto ocultando información en la declaración de su renta.

6º) La amnistía fiscal. Procedimiento inconstitucional por el cual se invita a los delincuentes fiscales a depositar en las arcas públicas una pequeña parte de lo defraudado a cambio de que el resto sea perdonado y olvidado para siempre. Sobra decir que los beneficiados de esta medida son las grandes empresas y fortunas que utilizan en sus actividades paraísos fiscales. Mientras los que han cumplido la ley a rajatabla y pagado sus impuestos religiosamente no reciben ningún trato especial, los que se la saltan son perdonados a cambio de una limosna.

Toda la evidencia posible demuestra que los gobernantes no tienen ningún interés en combatir el fraude fiscal perpetrado por los más ricos. Y no solo eso, sino que además intentan por todos los medios sacarles las castañas del fuego cuando por algún motivo han sido cazados. Esta constatación, refuerza la idea de que nuestro régimen político dista mucho de ser una democracia verdadera. En una democracia real, donde el poder reside en el pueblo, no puede ocurrir que los más ricos se salten las leyes impunemente bajo el beneplácito de los gobernantes.

Pero lo que ya es colmo, es que auténticos defraudadores de impuestos se encuentren en las altas direcciones de los partidos políticos; esto es como tener a los zorros vigilando el gallinero. Por desgracia en nuestro ordenamiento penal, los delitos fiscales son considerados como acciones delictivas menores.

Mirador do Monte Ancos, a 20  de Xaneiro do 2.013.

Aquiles Cuatro Verdades. Profesor de Derecho Fiscal Internacional en la Universidad de Joder (Condado de Sioux, Nebraska; USA).