Dinero
a la basura.
La Sala 3º del Tribunal
Supremo ha confirmado en Julio del 2.014, que el edificio de la
Biblioteca pública construida con fondos del gobierno central en la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, debe ser demolida, por estar
construida de manera contraria a las disposiciones urbanísticas del
ordenamiento urbano de esa ciudad. Entre otras infracciones, está el
haber eliminado una zona verde prevista en las normas urbanísticas
de esa ciudad.
La sentencia de
demolición es del año 2.002. La Sala 3º del Tribunal Supremo ha
rechazado los recursos presentados por el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria y de la Abogacía del Estado, contra el auto del
Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canaria del 14 de Febrero
del 2.013; quien ya decreto el derribo y rechazó la imposibilidad de
ejecutar la sentencia firme, alegando que es un bien de interés
cultural.
La Sala 3º del Tribunal
Supremo rechaza esas tesis e indica que la finalidad de la Ley de
Patrimonio es amparar a las bibliotecas de titularidad estatal; “bajo
el presupuesto que éstas se hayan construido legalmente, y no parece
que el objetivo de la Ley sea permitir las edificaciones ilegales
destinándolas a bibliotecas, archivos o museos estatales”.
La Sala 3º del Tribunal
Supremo es consciente de los conflictos que plantean las actuaciones
administrativas declaradas ilegales, cuando los hechos ya están
consumados; pero añade: “nuestro
cometido institucional de acuerdo con el artículo 117º de la
Constitución es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y no amparar o
dar cobertura a las actuaciones declaradas ilegales”.
La citada obra, fue
ejecutada por el Ministerio de Cultura en 1.997 (Gobierno de José
María Aznar; siendo titular del Ministerio la Sra Esperanza
Aguirre), con un coste de algo más de 6 millones de €. Fue
denunciada por los vecinos del barrio de San Telmo (zona céntrica de
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria); reconocen que desde el
principio han sufrido el menosprecio del PP.
La Sra. Isabel Mena
(portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria)
al conocer la sentencia de la Sala 3º del Tribunal Supremo
manifestó: “la Ley hay que cumplirla, la gestión del PP ha
supuesto una ilegalidad que daña económica y culturalmente a la
ciudad”.
Nos falta por recordar,
que en esos años era Alcalde de la ciudad el Sr. José Manuel Soria
(actual Ministro de Industria).
6 millones de € de una
obra que van a ir a la “basura”, miles de € de dinero público
mal gastados en pleitos, abogados, recursos y apelaciones
judiciales,... todo para nada. Ninguno de los altos cargos
gobernantes-políticos de aquellos años, que aún están en activo,
reconocen sus errores, los costes que han ocasionado, de asumir
responsabilidades personales o jurídicas,... de esto último nada de
nada.
En este tema, existe una
cierta semejanza con otro caso urbanístico existente en el Concello
de A Guarda,... nosotros no vamos a valorar el tema; pero no estaría
mal leer y volver a leer esa frase que hemos resaltado de la
sentencia de la Sala 3º del Tribunal Supremo. Solo vamos a hacer la
siguiente pregunta: ¿cuantos
dineros públicos municipales nos han costado los diferentes pleitos,
recursos, apelaciones, abogados, procuradores,... para defender unos
intereses privados y tapar unas incompetencias de políticos y
funcionarios?
¡¡¡A veces los parecidos guardan muchas similitudes!!!
Mirador do Monte
Ancos, a 3 de
Xaneiro do
2.015.
María
del Mar Azul Salado.
Directora Técnica de mantenimiento y construcciones subterraneas
“El Pozo” (Pueblo Hundido; Chile).
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